Patricio Griffin asumió hace siete años la conducción del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), organismo encargado de legislar, controlar y promover la economía social en relación...
Patricio Griffin asumió hace siete años la conducción del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), organismo encargado de legislar, controlar y promover la economía social en relación a las cooperativas y mutuales. En ese lapso el sector avanzó en un proceso de saneamiento que era clave encarar y que derivó en el cierre de alrededor de 4.700 entidades y el bloqueo de unas 9.000 que no cumplían con los requisitos básicos para el funcionamiento.
Precisamente por los desmanejos sobre los cuales muchas veces se estigmatiza al sector, la prioridad en este período fue crear un marco regulatorio que contenga la actividad y la ordene. Según el directivo, los tiempos de precarización laboral —que caracterizaron a la década del 90— fueron propicios para la proliferación de este tipo de irregularidades. "Priorizados los temas de los controles, la nueva etapa es ocuparnos de la recuperación de las mutuales, sus servicios y beneficios", indicó.
El presidente del Inaes estuvo en Rosario y participó en el Congreso Nacional de Sociedades Italianas de Socorros Mutuos y en diálogo con LaCapital, Griffin habló del rol del sector en el desarrollo local.
—¿Cual es el aporte del sector del mutualismo y las cooperativas a la economía?
—El sector aporta el 9 por ciento del PBI nacional y, por ejemplo, el 97 por ciento de la electricidad agraria es prestada por cooperativas. Desde que asumí en el Inaes, el movimiento cooperativo mutual hizo un movimiento de integración y de crecimiento económico, mejorando sobre todo su vínculo con la sociedad. Hay un alto nivel de integración. Un caso paradigmático, es por ejemplo, lo que se hizo en turismo social, donde se formó una red con alrededor de 970 mutuales, que prestan servicios en los pueblos chicos, con una gran masa crítica de integrantes. También hay gran número de cooperativas eléctricas que permite garantizar eficiencia en la economía de escala y se van instalando en la agenda pública.
—La actividad fue cuestionada por ciertos desmanejos de entidades sobre todo en localidades más pequeñas. ¿Se avanzó en las regulaciones?
Del mismo modo que hubo un proceso de integración, también lo hubo de depuración. En los años donde preponderó la economía neoliberal se desmanteló la economía basada en la producción y en la participación democrática. Esta situación generó una desarticulación en el movimiento. Hubo un proceso de degradación por parte del sector y la desregulación se aplicó a todo. Algunas figuras se encubrían en una falsa cooperativa. Hemos cerrado más de 4.700 entidades y bloqueado otras 9.000. En una primera etapa, los obligamos a reenscribirse ya que muchos habían desaparecido. Hasta ese momento había como una suerte de competencia, por lo cual se avanzó en sistemas regulatorios. En la medida que avanza la economía es más fácil avanzar sobre el fraude financiero. En los 90 muchas mesas de dineros o algún «chiringuito», cuando cambiaban los controles se hacían mutuales. Pero avanzamos en el control, muchas son entidades que están ligadas a bancos extranjeros que tienen vinculación a través de falsas cooperativas. Eso nos llevó a modificar los mecanismos de control.
—¿Ahora cuál es el desafío?
—La misión de las mutuales y cooperativas es la del desarrollo local. Pero fue prioritario ocuparse de la fiscalización para ahora ocuparnos de la recuperación. Por ejemplo, ahorro y vivienda es un tema a tener en cuenta. Sucede en distintas partes del mundo que el acceso a la vivienda no funciona a través de los bancos y depende más de las mutuales. La posibilidad de que haya desarrollo en cada pueblo, es que haya realmente un ahorro, se reinvierta en la localidad y generen trabajo. Si no se producen distorsiones geográficas.
Fabiana Monti
La Capital
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