El ex diputado socialista y representante de la Asociación Consumidores Libres se refirió a las modificaciones que introdujo el Ejecutivo en el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. También anticipó variaciones en el artículo 25.
Pudo leerse en declaraciones suyas que esta de acuerdo con los últimos cambios introducidos por el Ejecutivo al proyecto de Ley de medios. ¿Con estas modificaciones se avanza mucho o queda por hacer?
Yo coincido con el anuncio que hizo la Presidenta de no permitir que las empresas telefónicas puedan acceder a la radiodifusión. Porque esa limitación estaba consignada en el pliego de licitación y en el contrato por el cual se les otorgó una licencia a perpetuidad que estableció la prohibición de acceder a la televisión por cable durante 99 años. Además, esa circunstancia influyó en el precio vil que pagaron por un valiosísimo patrimonio público acumulado con el esfuerzo de varias generaciones de argentinos.Ahora se impone legislar para que no solamente puedan participar de los servicios audiovisuales las cooperativas telefónicas sino también las cooperativas de servicios públicos. Esto significa terminar de una buena vez con la discriminación establecida en la ley 22.285.
¿Qué otros aspectos son perfectibles?
Es necesario modificar el proyecto del Ejecutivo en los siguientes puntos. Primero, hay que reconocer el carácter de servicio público de la radiodifusión. En este aspecto tengo entendido que existe resistencia por parte del oficialismo. Hay que seguir insistiendo en esa dirección. Luego, hay que establecer una autoridad de aplicación autónoma del Poder Ejecutivo con amplia representación federal y control parlamentario. Esto es muy importante para que haya independencia de criterio del Ejecutivo de turno. Y los miembros debieran ser designados por concurso de antecedente. En este sentido tengo entendido que habría voluntad del oficialismo de hacer alguna reforma. Por otra parte, entendido que en la nueva ley tendría que haber alguna referencia en relación a la regulación de la pauta oficial de publicidad. Yo tengo entendido que el oficialismo se negaría a esta concesión porque señalan que esto tendría que constar en una ley específica. También considero que hay que consignar la designación por concurso del Defensor del Público, que no debiera ser designado por la comisión bicameral. Eso le daría más amplitud a la convocatoria. También creemos que el Congreso debería tener participación en la designación de la norma digital que la Presidenta acaba de resolver por decreto, la adopción de la norma japonesa. Estos creo son los principales temas. Considero también que el actual Congreso Nacional está legitimado para discutir y resolver este tema tomándose todo el tiempo que sea necesario para que la nueva ley sea el producto de un amplio consenso.
Con respecto a lo anunciado hoy se dijo que la autoridad de aplicación no dependería de la Secretaría de Medios y sería autárquica. ¿Alcanza con esto o es necesario modificar el número de miembros?
Eso sería un avance. Sí también habría que modificar el número de miembros. De acuerdo a lo que dice el proyecto serían cinco en total. Tres estarían designados por el Poder Ejecutivo, uno sería designado por la primera minoría y el segundo por la segunda minoría parlamentaria. Me parece que habría que incorporar algún representante de las provincias y de las entidades sociales para que sea amplio y representativo.
Entre los cambios se habla de siete integrantes dentro de la autoridad de aplicación.
Tengo entendido que uno sería del Consejo Asesor Federal que se crearía y el otro en representación de entidades sociales que habría que ver a cuáles se esta refiriendo. De todas maneras creo que se está avanzando porque se están cambiando aspectos significativos.
En su exposición del viernes en la audiencia pública criticó el artículo 25 donde dice que si una cooperativa y un prestador privado entran en competencia, la autoridad de aplicación elevaría la decisión a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que emitiría un dictamen vinculante. ¿Habrá cambios en este punto tan criticado por las cooperativas?
Tengo entendido, vamos a ver como queda la redacción definitiva, que suprimirían ese dictamen vinculante de la Comisión de Defensa de la Competencia en caso de existir oposición por parte de algún operador. Creo que la idea sería dejarlo tal cual fue aprobado en su momento (año 2005) por la Cámara de Diputados. Que tampoco es una redacción totalmente feliz sino que fue el producto de las circunstancias. Tal cual venían las cosas las cooperativas quedaban nuevamente excluidas, entonces se me ocurrió en ese momento, y con la conformidad de Cooperar, hacer esa propuesta que tuvo amplio apoyo en Diputados y que luego el Senado eliminó una parte de la misma en un comportamiento claramente inconstitucional como luego quedó reflejado por dos fallos judiciales promovidos por dos cooperativas.
Cecilia Ghiglione / periodistas@colsecor.com.ar
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